Niñez y adolescencia demanda espacios de participación

El ejercicio del derecho de participación permite la construcción de ciudadanía  en las niñas, niños y adolescentes, como una forma de identificar y definir las relaciones políticas y el modo de convivencia de las personas que viven en una comunidad: entre ellas y con el Estado, y dentro del sistema democrático. Por ello, en múltiples ocasiones, la niñez y adolescencia salvadoreña ha demandado hacer cumplir su derecho a la participación, uno de los más vulnerados en las instancias nacionales y locales.

Por ello, diversas organizaciones que son parte de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, realizan de manera individual o conjunta diferentes acciones dirigidas a estas poblaciones para empoderarlas en la demanda  de sus derechos.

Una de esas actividades organizadas por FESPAD, Las Mélidas y Plan, permitió que alrededor de 900 niñas, niños y adolescentes de  9 municipios del país,  elaboraran una  agenda de incidencia en la cual dieron a conocer diferentes propuestas para hacer efectivo su derecho a la participación y externaron  valiosas propuestas para atender sus  problemas más críticos para la plena garantía de sus derechos y desarrollo sano e integral.

Por ello piden  promover e institucionalizar su participación; atender las diferentes manifestaciones de violencia que les afectan, principalmente la violencia sexual y  la  intrafamiliar.  En la primera, mencionan además el acoso sexual, amenazas de tipo sexual (piropos ofensivos y tocamientos), abusos aprovechando el uso de redes sociales;  embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

En la violencia intrafamiliar lamentan los regaños y castigos físicos que siguen vigentes como una cultura de castigo físico para corregir  y educar; la irresponsabilidad de algunos padres; maltrato a la pareja o hijos e hijas.  Otros  problemas  son la violencia en la comunidad, debido a  problemas entre personas adultas,  la pobreza,  falta de oportunidades para mantenerse ocupados y ocupadas, discusiones entre vecinos, el accionar de las pandillas; violencia escolar (discriminación de las niñas y adolescentes,  acusaciones injustas,  abuso de autoridad de docentes,  bullying y las pandillas.

El segundo problema es el bajo rendimiento escolar y esta problemática la analizaron desde la influencia de la familia (destacando poco apoyo de ésta en la realización de  tareas,  algunas brindan poca importancia a sus hijos e hijas y no los dejan ir a la escuela).

Desde el personal  docente y centros escolares, mencionaron la existencia de discriminación,  faltas de cupo en algunas escuelas, poco acceso a  computadoras, docentes que dan mal ejemplo o  corruptos y malas técnicas de enseñanza.

Es necesario reiterar que esta demanda de participación también ha sido señalada en observaciones del Comité de Derechos del Niño,  ya que enero de 2010, recomendó que el Estado salvadoreño siga promoviendo, facilitando y aplicando en la práctica dentro de la familia, las escuelas, la comunidad y los centros de acogimiento familiar, así como en los procedimientos judiciales y administrativos, el principio de respeto a las opiniones del niño y la niña en todos los asuntos que los afecte; e institucionalice su participación en las escuelas, actos públicos, foros y actividades pertinentes.

Adolescentes y jóvenes en consulta por reformas a Ley Penal Juvenil

El ejercicio del derecho de participación permite la construcción de ciudadanía en la niñez, adolescencia y jóvenes, como una forma de identificar y definir las relaciones políticas y el modo de convivencia entre la comunidad y el Estado, dentro del sistema democrático, por ello la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador, ha desarrollado diferentes actividades de consulta con adolescentes y jóvenes. La más reciente es sobre las reformas a la Ley Penal Juvenil y otras propuestas para modificarla que se encuentran en análisis en la Asamblea Legislativa.

El 21 de junio de 2016, se desarrolló un foro de análisis y consulta con adolescentes, jóvenes y representantes de instancias garantes y de la Alianza, como la Asamblea Legislativa, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CONNA); y de FESPAD. En la consulta, adolescentes y jóvenes de diferentes municipios del país conformaron mesas de análisis de las propuestas de reformas a la Ley Penal Juvenil y otras relacionadas con la problemática de violencia que afecta al país, y que está provocando graves secuelas a la niñez y adolescencia del país, de manera directa e indirecta. 

Por medio de la técnica “Café Mundial”, el equipo facilitador y encargado de la consulta, formó 5 mesas de trabajo conformadas por 15 integrantes entre hombres y mujeres jóvenes y adolescentes. En cada mesa se analizaron las propuestas de reformas presentadas por los partidos GANA y ARENA y por la Fiscalía General de la República. 

Uno de los objetivos de la Alianza es la promoción y creación de mecanismos y espacios de participación a nivel nacional y local, por ello los insumos obtenidos durante la consulta servirán para hacer incidencia política en espacios clave en favor de la adolescencia y juventud salvadoreña. Uno manera de incrementar las capacidades de incidencia en el cumplimiento de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud previstos es abrir espacios de participación y propuesta sobre temas que les afectan directamente, sobre en el actual contexto donde existe una percepción errónea de responsabilizar a la juventud de la violencia y eso lleva a muchos sectores a proponer el endurecimiento de penas. El discurso colectivo sitúa a adolescentes y jóvenes como principales victimarios, descuidando su calidad de víctima debido al estigma que llevan acciones reales de acoso y vulneración de sus derechos. Contrario a esa percepción, según UNICEF, solo uno de cada diez delitos es cometido por adolescentes. El CONNA en reiteradas ocasiones ha cuestionado el abordaje simplista a la violencia generada por adolescentes, ya que deja de lado que estos, en su mayoría, viven en entornos violentos, limitados en el cumplimiento y ejercicio de sus derechos, sin familias responsables de su cuidado y orientación, o con familias que no asumen plenamente su rol fundamental y natural en la protección, educación y formación. 

El ejercicio del derecho de participación permite la construcción de ciudadanía en las niñas, niños y adolescentes, como una forma de identificar y definir las relaciones políticas y el modo de convivencia de las personas que viven en una comunidad: entre ellas y con el Estado, y dentro del sistema democrático. Por ello, en múltiples ocasiones, la niñez y adolescencia salvadoreña ha demandado hacer cumplir su derecho a la participación, uno de los más vulnerados en las instancias nacionales y locales. 

Por ello, diversas organizaciones que son parte de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, realizan de manera individual o conjunta diferentes acciones dirigidas a estas poblaciones para empoderarlas en la demanda de sus derechos. 

Una de esas actividades organizadas por FESPAD, Las Mélidas y Plan, permitió que alrededor de 900 niñas, niños y adolescentes de 9 municipios del país, elaboraran una agenda de incidencia en la cual dieron a conocer diferentes propuestas para hacer efectivo su derecho a la participación y externaron valiosas propuestas para atender sus problemas más críticos para la plena garantía de sus derechos y desarrollo sano e integral.

Por ello piden promover e institucionalizar su participación; atender las diferentes manifestaciones de violencia que les afectan, principalmente la violencia sexual y la intrafamiliar. En la primera, mencionan además el acoso sexual, amenazas de tipo sexual (piropos ofensivos y tocamientos), abusos aprovechando el uso de redes sociales; embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

En la violencia intrafamiliar lamentan los regaños y castigos físicos que siguen vigentes como una cultura de castigo físico para corregir y educar; la irresponsabilidad de algunos padres; maltrato a la pareja o hijos e hijas. Otros problemas son la violencia en la comunidad, debido a problemas entre personas adultas, la pobreza, falta de oportunidades para mantenerse ocupados y ocupadas, discusiones entre vecinos, el accionar de las pandillas; violencia escolar (discriminación de las niñas y adolescentes, acusaciones injustas, abuso de autoridad de docentes, bullying y las pandillas.

El segundo problema es el bajo rendimiento escolar y esta problemática la analizaron desde la influencia de la familia (destacando poco apoyo de ésta en la realización de tareas, algunas brindan poca importancia a sus hijos e hijas y no los dejan ir a la escuela).

Desde el personal docente y centros escolares, mencionaron la existencia de discriminación, faltas de cupo en algunas escuelas, poco acceso a computadoras, docentes que dan mal ejemplo o corruptos y malas técnicas de enseñanza. 

Es necesario reiterar que esta demanda de participación también ha sido señalada en observaciones del Comité de Derechos del Niño, ya que enero de 2010, recomendó que el Estado salvadoreño siga promoviendo, facilitando y aplicando en la práctica dentro de la familia, las escuelas, la comunidad y los centros de acogimiento familiar, así como en los procedimientos judiciales y administrativos, el principio de respeto a las opiniones del niño y la niña en todos los asuntos que los afecte; e institucionalice su participación en las escuelas, actos públicos, foros y actividades pertinentes.