La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, presentó este 16 de noviembre, el estudio Situación de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en el periodo 2011-2015, el cual prioriza aspectos relacionados a violencia sexual, seguridad, educación, salud, entre otros. De igual manera, identifica y analiza las acciones realizadas por el Estado, para enfrentarlas estas problemáticas.
Entre los principales hallazgos, con base a revisión bibliográfica y análisis de estadísticas oficiales, se encuentran:
Seguridad:
En el período 2011 a 2015, el IML registra un total de 3.969 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años asesinados (20% del total). En mayor proporción, los asesinatos fueron cometidos en el grupo poblacional de 15 a 19 años, seguido de 10 a 14 años. El 12% de las personas asesinadas fueron niñas y adolescentes, el 88% corresponde al sexo masculino.
Datos del Ministerio de Salud, indican que en el año 2015, 25,132 adolescentes de entre 10 y 19 años tuvieron un parto, es decir que el 30% del total de embarazos registrados en el país. En el período 2011 a 2015, hubo 282 embarazos terminados en aborto séptico en niñas de 10 a 19 años, además de 9,268 embarazos finalizados en aborto espontáneos.
De acuerdo a registros del IML, 316 niños, niñas y adolescentes se suicidaron en cinco años. Del total, 38 tenían entre 10 y 14 años; 104 entre 15 a 19 años. La tendencia nacional de mayores víctimas masculinas con respecto a las femeninas, se invierte en la niñez y adolescencia, ya que en esto grupos, es el sexo femenino el que reporta mayor número de suicidios. Las autoridades del Estado deberían de indagar mejor las circunstancias de estos suicidios y las motivaciones que a quitarse la vida a tan corta edad; esto facilitaría diseñar estrategias para prevenirlos o evitarlos.
Protección de la niñez
En el período 2011-2015, el Instituto de Medicina Legal, realizó 9,947 reconocimientos de hechos de violencia sexual, el 85% en niñas y el 15% en niños; en el 76% de los casos de violación, el agresor era persona conocida de la víctima; mientras que el 13.41% eran personas desconocidas. Esto obliga a la niña o adolescente a guardar silencio, a menos que exista un embarazo como resultado de la violación. La violencia sexual tiene impactos graves en la vida de las niñas, como los embarazos y la maternidad forzada. Según registros del Instituto de Medicina Legal, en el 76% de los casos de violación, el agresor era persona conocida de la víctima.
Para el año 2015, la población atendida por el ISNA dentro de sus programas fue de un total de 2,298 casos, siendo los primeros cinco: abandono (548), cuidado personal y protección (412), salida ilegal del país (286), negligencia y descuido (190); maltrato físico (178); abuso sexual e infantil (134), seguido de niños y niñas y adolescentes en situación de calle.
Salud
Se destacan acciones en el área de salud y educación, como avances sustanciales en la erradicación de la transmisión vertical del Vih (de las madres hacia su hijo/hija); la creación de bancos de leche humana. Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación, han realizado esfuerzos para garantizar el acceso a programas de salud y educación sexual integral para la niñez y adolescencia de manera parcial. Sin embargo, es alarmante la cantidad de niñas y adolescentes embarazadas.
Educación
Se identifican algunas acciones para favorecer la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, entre los que destacan el plan “Vamos a la Escuela”, del Ministerio de Educación, que comprende programas sociales como: la entrega de paquetes escolares y uniformes, el programa vaso de leche, alimentación y salud escolar, entre otros; además del Programa una Niña, un Niño, una Computadora, beneficiando el acceso y a la permanencia del alumnado en Parvularia, Educación Básica y Bachillerato de estudiantes de instituciones públicas. Sin embargo, pese a estos programas en los últimos años, continúa la deserción escolar por diversas causas. Del 2012 al año 2015, 471,425 niños, niñas y adolescentes se han retirado de los centros educativos por diferentes causas, siendo las principales: migración, cambio del domicilio del estudiante, por la delincuencia, porque se marchó a otra escuela, abusos sexual, embarazo y otras causas derivadas de las condiciones de exclusión que se vive en áreas rurales, las desigualdades de género, el trabajo infantil y la actual coyuntura de violencia social.
Es necesario profundizar en el proceso de exclusión, sobre todo para adolescentes, que se están generando en el actual contexto nacional. En los niveles de educación básica y bachillerato, se evidencia una disminución sensible de adolescentes en la continuidad de sus estudios, situación que resulta multicausal, debido al desplazamiento forzado por la violencia, embarazos en adolescentes, ingreso a pandillas, amenazas, entre otras causas. De acuerdo al MINED, el 10.48% del total de centros escolares públicos reportaron deserción por embarazo. Otras causas por las que se retiran los y las estudiantes de los centros escolares en el período 2012-2015, fueron principalmente por motivos de seguridad, debido a la violencia social que afecta al país, y en especial contra la niñez y adolescencia. Pero falta mucho por hacer, ya que no se cuenta con una Ley en Educación Integral en Sexualidad y en las familias aún persisten patrones patriarcales, que condicionan a las niñas y adolescentes a asumir roles meramente reproductivos y de asumir funciones relacionadas al cuido de las y los niños.
Al analizar datos proporcionados por el MINED, se tiene que las niñas y adolescentes se retiran por motivos de cambio de domicilio del estudiante (17,631); abandono del país (17,631); delincuencia (15,511); por motivos de embarazo (5,335) y por labores domésticas de la estudiante (10,920). Las causas de retiro de los adolescentes del sexo masculino son similares: por cambio de domicilio del estudiante (124,421), abandono del país (33,771); se fue a otra escuela (36,986); y por delincuencia (24,188). Por otra parte, los embarazos en adolescentes representan el 0.82%, quedando reflejado que las mujeres adolescentes son quienes se ven más afectadas que los hombres adolescentes, ya que del referido porcentaje, únicamente el 0.47 de hombres se ve obligado a dejar la escuela, a diferencia de las mujeres quienes alcanzan el 99.53%.A nivel de país, la problemática es bastante generalizada en cuanto a la exposición de la violencia, ya que un estudio realizado por el Ministerio de Educación en 2015, encontró que en un total de 5,132 centros escolares, el 62% se caracterizaba por presentar algún tipo de violencia, ya sea por la ubicación en una comunidad de riesgo, por hechos de violencia entre el alumnado, y de parte del docente hacia el alumnado, además de la exposición del profesorado a amenazas y extorsiones de parte de las maras.
El 64.83 era afectado por maras en la comunidad. Entre los factores de riesgo que afectaban la seguridad interna de la comunidad educativa, para el 23.77 el factor de riesgo eran las maras; el 16.70% era hurtos, el 14%, robos e igual porcentaje drogas; el 1.52% violaciones y 1.13% tráfico o trata de personas. Por tipo de violencia entre estudiantes, alrededor del 37% enfrentaba violencia psicológica, el 31.88%, violencia física, el 22.33 matonería y el 2.40% violencia sexual. Por otro lado, se identificaba diferentes tipos de violencia de parte del personal docente del centro educativo hacia el alumnado, entre estas violencia psicológica (3.86%), física (1.33%), matonería (0.68% ) y violencia sexual (0.31%). En cuanto a la aplicación de la normativa, solo el 40% aplicaba el Protocolo de Actuación para la Prevención del Acoso, Abuso Sexual y otras formas de Violencia de Género en las Comunidades Educativas de El Salvador. El 50% aplicaba la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA), el 60% la Política de Educación Inclusiva y el 83%, la LEPINA. Al respecto, se enfrentan desafíos importantes en cuanto a la capacitación, monitoreo y verificación de cumplimiento de la normativa.
El estudio recomienda, entre otras cosas: • Atender de manera interinstitucional, las graves secuelas psicológicas de NNA afectada por la violencia social. Esto significa, fortalecer y priorizar el eje cuatro del Plan El Salvador Seguro, para destinar fondos, priorizando acciones de atención a NNA afectadas y en situación de riesgo, incluyendo que el acoso de las pandillas está causando en amplias franjas de niñez y adolescencia, ocasionando mayor dependencia de las personas adultas, baja autoestima, frustración y desesperanza. Ya que, a largo plazo, estos sentimientos desencadenarían mayor violencia, suicidios, aumento de embarazos tempranos y enfermedades crónicas vinculadas a causas emocionales.
Sobre las obligaciones del Estado, exhorta a proveer servicios y adoptar medidas especiales de protección que tiendan a garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado en virtud de la Convención de los Derechos del Niño, ya que es preciso desarrollar una serie de acciones tendientes a satisfacer las carencias, tanto humanas como materiales que afectan a la niñez y adolescencia del país, iniciando la transformación cultural para superar prejuicios y conductas adultocéntricas. Por ello, es necesario implementar medidas de emergencia de corto y largo plazo para salvaguardar la vida e integridad de niñez y adolescencia amenazada o explotada por pandillas o cualquier agrupación delictiva, de ser necesario mediante la creación de albergues temporales u otras medidas para que continúen sus estudios y salvaguardar sus vidas.
Mayor inversión en la niñez por parte del Estado para atender las diversas problemáticas que afecta al sector, especialmente: la prevención de la violencia sexual, promover redes de apoyo para las niñas y adolescentes en situación de embarazo para que puedan continuar sus estudios, proveer servicios de cuidado para aligerar la carga que representa la responsabilidad familiar a temprana edad; reforzar el presupuesto asignado a educación a fin de superar las limitantes de infraestructura, mejorar la cobertura educativa, especialmente en formación inicial, introducir la educación integral en sexualidad. Es preciso ampliar las escuelas de tiempo pleno para extender la permanencia del alumnado en centros educativos especialmente en las zonas más asediadas por la violencia, municipios más pobres y con mayores índices de deserción.
Promover la política criminal específica para la infancia y adolescencia, que mandata la Ley Penal Juvenil, (Art.127 LPJ), para abordar la delincuencia juvenil de una manera integral, desarrollando acciones de persecución penal sustentadas en la doctrina de la protección integral, los derechos del niño y la niña, y otros estándares de Derechos Humanos, que permitan cumplir el carácter educativo reintegrador que distingue estas intervenciones: prevención, responsabilidad, reinserción, facilitando el acompañamiento de políticas públicas que incorporen programas de reinserción social, con una visión de orden cooperativo en razón de la participación del Estado, la familia, la comunidad, la empresa privada y la persona en conflicto con la ley.
Promover la política criminal específica para la infancia y adolescencia, que mandata la Ley Penal Juvenil, (Art.127 LPJ), para abordar la delincuencia juvenil de una manera integral, desarrollando acciones de persecución penal sustentadas en la doctrina de la protección integral, los derechos del niño y la niña, y otros estándares de Derechos Humanos, que permitan cumplir el carácter educativo reintegrador que distingue estas intervenciones: prevención, responsabilidad, reinserción, facilitando el acompañamiento de políticas públicas que incorporen programas de reinserción social, con una visión de orden cooperativo en razón de la participación del Estado, la familia, la comunidad, la empresa privada y la persona en conflicto con la ley. prevención, responsabilidad, reinserción, facilitando el acompañamiento de políticas públicas que incorporen programas de reinserción social, con una visión de orden cooperativo en razón de la participación del Estado, la familia, la comunidad, la empresa privada y la persona en conflicto con la ley.
Por ello, exhortamos a las diferentes instituciones del Estado, la elaboración de políticas integrales y presupuestariamente sostenibles, que permitan al gobierno asumir sus múltiples responsabilidades en el área de niñez y adolescencia. Para ello, hay que corregir el modelo económico como tal; y aspectos especificos como la política fiscal y la estructura de distribución del ingreso; pues los bajos niveles de recaudación tributaria y de ingresos públicos limitan la disposición de los recursos necesarios para financiar proyectos sociales dirigidos a esta población
