Evaluación de la situación de la niñez y adolescencia en El Salvador a un año de la gestión presidencial

Al finalizar el primer año de gestión del Presidente Salvador Sánchez Céren, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador, identifica importantes avances en el ámbito social en políticas de niñez y adolescencia, sin embargo, el actual contexto nacional es imprescindible redoblar esfuerzos para erradicar la situación de violencia y vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en espacios como la familia, la escuela, centros de trabajo y la comunidad.

Entre los avances se destacan los programas: útiles y uniformes escolares, alimentación y salud que beneficiarán a un millón 400 mil estudiantes; el programa “Una niña, un niño, una computadora” que a la fecha beneficia a más de 6 mil estudiantes y la inauguración del proyecto Ciudad de la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es atender a personas menores de edad que están en desventaja social.

Por el contrario, el contexto actual indica que la niñez y la adolescencia se enfrenta a ambientes sumamente hostiles que surgen de manera negativa su desarrollo y bienestar, por ejemplo:

De enero a octubre de 2014, las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia atendieron un total de 12.183 casos de vulneraciones o amenazas a esta población; el derecho a la integridad personal fue el más denunciado por amenaza o violación equivalente a 9.403 casos (77%), le sigue el derecho a la salud con 1.053 casos (9%), la protección especial frente al traslado y retención de ilícitos con 903 casos (7%), 310 casos de vulneración al derecho a la educación y cultura (3%), el derecho a la vida con 208 casos (2%) y 306 de otros (2%).

El Observatorio de los Derechos de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador, indica que según datos de la Policía Nacional Civil, de enero a mayo de 2015, 220 mujeres y hombres menores de 17 años fueron asesinados; y 268 adolescentes menores de 18 años se encuentran desaparecidos.

Se cometieron 356 violaciones en menor e incapaz (24 del sexo masculino y 332 del sexo femenino. Por departamento, los que concentran la mayor cantidad son La Libertad, San Miguel, La Unión y Ahuachapán que suman el 48% del total. Otros delitos contra la libertad sexual contra menores en el mismo periodo fueron 92 agresiones sexuales (el 93% contra niñas y adolescentes) y 228 casos de estupro, el 62% se concentra en La Unión (95) y Cabañas (48). de 18 a 30 años.

Algunas violaciones terminan en embarazo, aunque no se conoce la cifra oficial de manera certera; existe un alto porcentaje de embarazo adolescente en los últimos años que promedia el 31,6% al cierre de 2013.

Tras cinco años de la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) todavía hay instancias del sistema de protección que no están funcionando como los Comités Locales de Derechos. Faltan más de 240 alcaldías que no han instalado dichos comités.

Ante ello, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, demanda:

Al Estado salvadoreño destinar mayores recursos del presupuesto nacional y buscar cooperación internacional para mejorar la inversión en educación, que fortalecer la calidad educativa y ampliar el Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno priorizando las zonas rurales del país y municipios más pobres o ampliar los horarios escolares para que el alumnado pueda participar en formación complementaria en derechos humanos, género y educación sexual integral, inglés y computación. Además, de mejorar la infraestructura, capacitación y formación docente.

Al CONNA como ente rector de la protección de la niñez y la adolescencia, hacer su máximo esfuerzo para garantizar los derechos de estos grupos de población, especialmente, su derecho a la protección ante cualquier tipo de violencia o maltrato.

A las instancias aplicadores de justicia, mayor coordinación y eficacia para que los múltiples hechos de maltrato contra la niñez y la adolescencia, no queden en la impunidad. A las comunidades y sociedad en general, que promovamos actitudes y comportamientos de protección y respeto hacia las niñas, niños y adolescentes, prevaleciendo siempre el principio del interés superior de la niñez.

Enfrentar los retos y mejorar la situación de la niñez es una obligación estatal, pero también de la sociedad entera, incluyendo la empresa privada.

Los medios de comunicación pueden contribuir en la difusión de programas que promuevan una cultura de paz y la armonía social para contrarrestar las afectaciones a la salud mental de la niñez y adolescencia.

Es preciso que el Organo Legislativo y el Judicial tomen conciencia del grave contexto actual y pongan en práctica planes de austeridad para reorientar los recursos necesarios en la mejora educativa, políticas y planes para la protección y sano desarrollo de la niñez y adolescencia en el país.

San Salvador, 16 de junio de 2015.

Más de un millar de niñas y adolescentes salvadoreñas abandonan estudios cada año por embarazo.

El Salvador tiene una tasa elevada de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, lo que conlleva diferentes problemas para las niñas y adolescentes, principalmente la suspensión de sus estudios.

Datos del Ministerio de Educación de El Salvador indican que en promedio cerca de 1,300 niñas y adolescentes abandonan la escuela eléctrica por razones de embarazo. En el periodo 2009- 2013, 5,171 estudiantes dejaron de estudiar por esta causa. El 69% cursaba el tercer ciclo de educación básica (7º, 8º y 9º grado); el 15,48% eran alumnas de 1° y 2° ciclo. .

La ex ministra de salud, Dra. Isabel Rodríguez afirmó en 2013 que la prevalencia de embarazo adolescente en El Salvador es alta en relación con el resto de países de la región. Reconoció que “las acciones de educación sexual y reproductiva que se realizan en el país aún son insuficientes”, la cantidad de embarazos tempranos son particularmente preocupantes ..

Según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a pesar de un descenso en las tasas de fecundidad adolescente en países de Centroamérica, éstos aún tienen las tasas más altas de América Latina… La falta de oportunidades económicas y educativas para las mujeres y las normas tradicionales que fomentan la maternidad temprana pueden ser algunos de los factores determinantes. Existen grandes diferencias según el nivel educativo, el lugar de residencia y las condiciones socioeconómicas y étnicas de las niñas y adolescentes: el porcentaje es mayor en las zonas rurales, en grupos indígenas y entre jóvenes con los niveles más bajos de educación. .

Efectivamente, en los últimos tres años no se ha logrado disminuir los altos índices de embarazo adolescente, en 2011 fueron del 31,4%, en 2012, fue 32% y en 2013 es 31,6%; estos porcentajes corresponden al 100% de los partos atendidos en el país. .

En promedio, durante el trienio 2011-2013, se registraron mil embarazos anuales en el grupo de 10 a 14 años. Estos datos muestran la inseguridad e irrespeto hacia las niñas, ya que en este grupo de edad cualquier acto sexual es considerado una violación según la ley. Por otra parte, es evidente que además de la afectación a la integridad física y psicológica de las niñas vulneradas, se les obliga a llevar a término un embarazo impuesto ya forzar la función de la maternidad a edad temprana. Por tanto, es un desafío para las autoridades de seguridad no dejar estos casos en la impunidad. .

Las causas del embarazo son diversas incluyen violencia sexual, roles tradicionales sexistas para las mujeres, desconocimiento de educación sexual integral para evitar embarazos no deseados y posponer el ejercicio de la maternidad y paternidad hacia edades donde pueda tomarse una decisión informada y consciente, si así lo deciden, entre otras causas. .

Las consecuencias del embarazo van desde el abandono de estudios, riesgos en la salud para la madre adolescente y su hija o hija; depresión, rechazo de su familia y de la comunidad; suicidios y mayor dependencia económica, mayor riesgo de las niñas y adolescentes a caer en situaciones de violencia de género y violencia de pareja. .

Este contexto indica la necesidad urgente de las autoridades de salud y educación de fortalecer los esfuerzos en el ámbito de la educación sexual integral para facilitar el conocimiento a las y los adolescentes sobre temas de género, violencia sexual, prevención de embarazos y prácticas sexuales responsables. Esta formación debería ser de manera gradual desde los primeros años de estudios y acorde a las etapas de crecimiento de la niñez y adolescencia.