La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), instrumentos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y convenios bilaterales, comprenden disposiciones sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y han llevado a El Salvador, a readecuar su normativa interna e implementar leyes especializadas en favor de los derechos de la infancia, entre ellas la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (LEPINA).
Sin embargo, una demanda permanente de las organizaciones y grupos de niñez y adolescencia es mayor inversión en estos grupos poblacionales, que faciliten mejores condiciones de bienestar y desarrollo
La escasa inversión que el país realiza en estas poblaciones se suma a otras vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia, que se suceden a diario en las comunidades, la familia y en la sociedad en general, por ejemplo: maltrato infantil, violencia sexual, violencia intrafamiliar, homicidios y feminicidios; además de otras afectaciones vinculados al goce de derechos como la educación, salud, recreación, participación, entre otros.
Debido a ello, después de evaluar informes presentados por El Salvador ante el Comité de Derechos del Niño, dicho Comité remitió una serie de observaciones en enero de 2010, en torno a temas claves como son la inversión en niñez y adolescencia, especialmente por los gobiernos locales, entre otros temas.
Además, se ha señalado la necesidad de mejorar la inversión en esta población, ya que el estado salvadoreño invierte un dólar diario por niño (niña) y adolescente, según el informe presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI- 2007 a 2011); el promedio equivale a un dólar dirigido al desarrollo humano que comprende educación, salud, cultura, deporte, recreación y protección social. De igual manera los gobiernos locales manifestaron que invierten en niñez y adolescencia pero en raras ocasiones lo hacen en programas o acciones sugeridas por esta población.
Con respecto al presupuesto del ramo de educación, en el último quinquenio tuvo un incremento importante y en ascenso en las últimas dos décadas, según datos oficiales, pero continua siendo insuficiente para satisfacer el derecho de la educación con calidad para la población estudiantil.
Programas como la entrega de uniformes, alimentos y paquetes escolares a la población estudiantiles tienen gran utilidad práctica para miles y miles de familia que ante la pobreza se ven incapacitadas de mandar a sus hijos e hijas a la escuela por falta de dinero para comprarles zapatos y cuadernos. Especialmente en la zona rural, muchos niños y niñas tenían que asistir incluso sin zapatos a la escuela.
Sin embargo, aunque haya una mejora en la inversión educativa en los últimos años, son evidentes las múltiples necesidades que persisten en amplias zonas del país, especialmente en el área rural.
Asimismo, el actual contexto social que se vive en el país, obliga al Estado nacional y gobiernos locales salvadoreño a priorizar la educación, para mejorar los indicadores de empleo, desempleo, capacitación y la inclusión social.
El país enfrenta una situación financiera precaria y eso debe obligar a la austeridad de los gobiernos locales, muchas escuelas del país enfrentan serias carencias en infraestructura, pupitres, falta de servicios como agua potable, electricidad; nulo acceso a tecnologías; en cambio las autoridades municipales prefieren invertir altas sumas de dinero en actividades innecesarias como grandes carnavales, presentaciones artísticas que incitan a la violencia contra las niñas y adolescentes, pero no optan por mejorar la infraestructura educativa o satisfacer otras necesidades más urgentes de la población.
Además de ser un derecho humano, la mejora educativa de la población es un mecanismo de superación de la violencia y la exclusión ya que el acceso a la educación también determina mejores oportunidades de empleo, superación personal y desarrollo social, por tanto debe verse como un asunto de primordial importancia en la agenda nacional y municipal.
