La niñez y adolescencia es directamente afectada por la violencia que afecta al país, especialmente en comunidades asediadas por pandillas y empobrecidas en zonas rurales y urbanas.
Las estadísticas oficiales, evidencian que la problemática se ha acentuado en la última década. De enero a julio de 2016, hay un incremento del 19% en los homicidios y feminicidios de adolescentes de 15 a 19 años, al comparar los datos con el mismo período de 2015, como muestra el cuadro adjunto.
Un informe de UNICEF del año 2012, indica que los países que presentan las mayores tasas de homicidios entre niños y adolescentes se encuentran en América latina y el Caribe: El Salvador, Guatemala y Venezuela. Los países con las tasas más bajas en la región son Cuba, Perú o Surinam. La evidencia sugiere que estos patrones de violencia se atribuyen en parte a la presencia de crimen organizado, pandillas y el fácil acceso a armas de fuego. El 30% de los homicidios de la región están relacionados al crimen organizado y las pandillas. En algunos países como Bahamas, Belice, El Salvador u Honduras se ha registrado un importante aumento del número de homicidios relacionados con pandillas o crimen organizado desde 2005.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado (CIDH), titulado Violencia, niñez y crimen organizado del año 2015, indica “que la violencia es un fenómeno complejo, multicausal y multifacético, que tiene impactos no solo en el derecho a la vida y a la integridad personal de los niños y adolescentes, sino que provoca afectaciones en otros derechos, como resultado de la vulneración en diferentes ámbitos y contextos en los cuales se desarrollan, como el ámbito familiar, la escuela, en la comunidad, en las instituciones de protección y cuidado y en los centros de privación de libertad, entre otro tal como sucede en El Salvador donde el CONNA recoge una serie de violaciones y abusos contra niñez y adolescencia.
Agrega la CIDH que niños, niñas y adolescentes están constantemente expuestos a presiones, amenazas y engaños para que colaboren con las organizaciones criminales; según medios de prensa muchos asesinatos de niños y adolescentes son víctimas de pandillas, sin embargo no se conoce un registro público que evidencien el contexto de estos asesinatos; por ello es esencial el cumplimiento al llamado de la CIDH a los Estados, en cuento la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención y la protección de las víctimas; sin embargo la respuesta primaria de los Estados es la criminalización y la intervención represiva a través de la justicia penal y no necesariamente una visión integral de la problemática.
