En una entrevista realizada al docente argentino y ex Relator General del IX Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, Dr. Atilio Alvarez, reitera la necesidad y derecho de la niñez y adolescencia de ser juzgada en un sistema judicial especializado que le otorgue garantías, tenga o no naturaleza penal. Esto significa que la primera garantía constitucional de un niño es a no ser juzgado como si fuera un adulto, es a ser tratado y por ende juzgado como niño. La segunda, y no inferior, es a contar con una jurisdicción especializada en niñez. La tercera es que la intervención judicial (y estatal en su conjunto) tenga una finalidad distinta de lo meramente retributivo y del enjuiciamiento en sí mismo. El art. 10, b) del Pacto internacional de Derechos Civiles y políticos, dice simplemente: “Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento”. Esto impone constitucionalmente la finalidad de tratamiento y la intervención de tribunales especializados, no el solo enjuiciamiento.
Vimos injusticias con sistema inquisitivo y vemos injusticias con sistema acusatorio, y vemos también en muchos países de nuestra América, un “falso acusatorio” donde se llama fiscal al viejo juez de instrucción, proliferan los “abreviados”, es decir los reconocimientos de culpabilidad, y el someterse a la indulgencia del tribunal. Y nada ha cambiado. De allí el crecimiento de los índices de encarcelamiento. Si se piensa en un derecho juvenil autónomo, con fuentes, principios, método, agentes y procedimientos propios, la dicotomía del proceso penal de adultos se diluye. El desafío es mucho mayor, y requiere salir del brete de considerar una “ola” de reformas procesales como el único modo de obtener respuesta justas para la sociedad y para los muchachos.
El panorama de 2016 de América Latina (y Argentina) no es alentador. Existe por doquier un retroceso en el sentido social de las políticas. La presión por “la baja de edad de punibilidad” se torna insoportable. El retroceso constitucional de Brasil sería el signo negativo para toda la regional. Resta reflexionar profundamente, liberar nuestras mentes de la colonización, transmitir realidad “a tiempo y a destiempo”, y contraponer siempre el fracaso rotundo de las líneas represivas, evidente desde lo estadístico y desde el análisis micro sociológico. En el fondo, quinientos años después, tenemos que decir lo mismo que Montesinos: “¿Con qué derecho y con qué justicia juzgamos a nuestros hijos por aquello que nosotros, los adultos, no hemos sabido formar en lo personal ni hemos podido construir en un marco de justicia social?
La Paz en departamento con mayor porcentaje de embarazo adolescente
La Paz es el departamento donde los embarazos adolescentes presentan mayor porcentaje con respecto al total de embarazos, según el Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015, presentado por del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en julio de 2016.
La Paz representa el 33% y Chalatenango tiene el menor peso con el 24% de embarazos adolescente; ambos departamentos representan los extremos superior e inferior a nivel de país. Según el Ministerio de Salud en el año 2015 hubo 83,478 mujeres salvadoreñas embarazadas y de ellas, 25,132 eran adolescentes de entre 10 y 19 años, es decir que el 30% del total de embarazos. Esta cifra significa que cada día, en promedio, 69 niñas o adolescentes quedaron embarazadas, o en otras palabras, que hubo tres embarazos cada hora o un embarazo cada 21 minutos.
El Ministerio de Salud reportó que para el año 2015 un total de 13,146 niñas salvadoreñas de 10 a 17 años se inscribieron en control prenatal, de las cuales el 11% (1 de cada 9) tenía 14 años o menos. Según las leyes salvadoreñas toda relación sexual con una adolescente menor de 14 años constituye delito, por lo que debe ser investigado y sancionado como tal.
Cuando hablamos de prevalencia, se hace referencia a la proporción de la población que presenta un embarazo en un momento determinado. Utilizando este indicador, el departamento de Sonsonate tiene la prevalencia más alta con 46 por cada mil, mientras que San Salvador tiene la menor con 31 por cada mil niñas y adolescentes de 10 a 19 años
Los municipios que tienen las mayores prevalencias de inscripciones por embarazos por cada mil niñas y adolescentes son: Mercedes de La Ceiba, Cinquera, San Agustín, Arambala y Torola (108, 84, 65, 69 y 71 respectivamente), y por el otro lado, El Carrizal, San Antonio Los Ranchos, San Isidro Labrador y Antiguo Cuscatlán son los municipios con las menores prevalencias por cada mil mujeres adolescentes (10, 6, 6 y 6 respectivamente).
Según el estudio, la tasa de embarazo es de 38 por cada mil niñas y adolescentes de 10 a 19 años Esta situación es sumamente preocupante debido a las implicaciones negativas del embarazo para la salud y el bienestar de las niñas y adolescentes embarazadas, así como para sus hijos e hijas. Una de ella es la afectación en la educación, el trabajo y por tanto, en la reproducción de la pobreza.
Entre las causas, están el poco acceso a la educación (según organizaciones la carencia de educación sexual integral) y sobretodo, la violencia sexual. De acuerdo a un estudio realizado en 2015, por el Ministerio de Salud y el UNFPA, solo la cuarta parte de las niñas y adolescentes que abandonan la escuela a causa del embarazo, retorna a sus estudios después del parto. El mismo estudio reportó que 6 grados es el promedio de escolaridad de las niñas y adolescentes de 10 a 17 años que tuvieron un parto en 2012.
Por tanto, hay una relación directa entre la poca escolaridad y el embarazo temprano. La Encuesta Nacional de Salud 2014 reveló que 3 de cada 5 mujeres de 20 a 24 años encuestadas no habían cursado ningún grado educativo tuvieron su primer parto antes de los 18 años, mientras que solo 1 de cada 14 en el mismo segmento de edad lograron estudiar al menos bachillerato. Los embarazos en niñas y adolescentes tiene causas estructurales como la pobreza, la exclusión, la discriminación y los patrones patriarcales arraigados en la sociedad que condicionan a la mujer, desde sus etapas más tempranas de vida, a un rol meramente reproductivo; habría que agregar de objeto sexual, ya que muchos de los casos son relaciones incestuosas.
Según el Instituto de Medicina Legal, en el 75% de las agresiones sexuales contra mujeres, el agresor es un familiar o una persona conocida de la víctima. 1,634 niñas o adolescentes de 19 o menos años (79.8% del total de víctimas mujeres), fueron víctimas de violencia sexual en 2015, lo que implica que en promedio cada día 4 niñas o adolescentes son agredidas sexualmente. En promedio, cada 5 horas una niña o adolescentes es agredida sexualmente, y para este grupo de edad, en el 79.4% de los casos el agresor es familiar o conocido de la víctima.
El UNFPA reitera que el embarazo en niñas y adolescentes debe ser considerado como una de las formas de violencia que más impacta en su salud y aspiraciones personales, ya que el inicio forzado de la maternidad es una barrera para acceder a derechos fundamentales como la educación y la recreación, entre otros.
Fuente de datos y gráficas: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) El Salvador, Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015, primera edición Julio de 2016.
